Tras casi un año de la promulgación del Decreto Supremo 1320, con el que se pretende erradicar la violencia en las escuelas del país, el Ministerio de Educación informa que ya se suspendió a 15 maestros de sus cargos y seis de ellos están en prisión por denuncias de acoso y violación.
“Me hice un archivo de los casos para hacer personalmente el seguimiento”, explicó Aguilar a este medio.
El artículo único del DS 1320 indica que “el director, docente o administrativo que fuera imputado por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de los niños adolescentes estudiantes será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente como medida de seguridad y protección del menor”.
En función de ese mandato, Aguilar indicó que desde entonces le llegaron informes de los casos que enviaron las diferentes direcciones departamentales del país.
“Llegaron con fotocopia legalizada de la imputación formal por parte de la fiscalía. Con esos documentos se pasó un informe rápido a Asesoría Jurídica del ministerio, donde se instruyó a la Unidad de Planillas sacarlos del cargo”, recalcó.
Aseguró que “son bastantes casos en este corto tiempo” de denuncias contra maestros, que fueron acusados e imputados por violación y acoso sexual en diversas regiones del país.
El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Basilio Pérez, destacó que durante la gestión 2012 su institución registró la denuncia de seis maestros acusados de violación a sus estudiantes.
“Todos están en la cárcel. Algunos han intentado salir, pero no podemos permitir eso”, afirmó la autoridad departamental.
Asimismo, lamentó que se hayan visto algunos casos en los que el maestro tranza con la familia para no ser denunciado.
“Parece que incluso corre mucho dinero, porque después de hacer la denuncia, los familiares se retractan”, contó.
Explicó que eso sucedió en San Buenaventura, donde un maestro pactó con la familia de la estudiante y luego aseguró que se trataba de su concubina.
El pasado 14 de mayo, Página Siete informó que padres de familia de la unidad educativa Bolivia Mar, de El Alto, denunciaron en la Fuerza Especial de lucha Contra el Crimen (FELCC) de esa urbe al maestro de música, por un supuesto caso de acoso sexual a sus estudiantes. Debido a ello el profesor fue detenido, para ser investigado.
Sin embargo, Pérez explicó que “ese profesor pudo salir en libertad, aunque el juez le prohibió acercarse al establecimiento”. Empero, detalló que el caso está siendo procesado, administrativamente.
Punto de vista
Franklin Gutiérrez Presidente padres de familia Nosotros como padres de familia hemos pedido constantemente por esta norma. Cuando se promulgó el Decreto Supremo (1320) creímos que los maestros tendrían miedo y no incurrirían más en estos actos, pero lamentablemente no cambió. El panorama sigue desalentador. Pese a que existe la norma, no se da la agilidad correspondiente a la investigación del caso, ya que cuando un caso es descubierto, inmediatamente debe ser denunciado al Ministerio Público, pero esto demora bastante.
Es frustrante saber que cuando nos enteramos de los casos, éstos están durmiendo en los escritorios. Nosotros por lo menos no sabemos que se haya sancionado a 15 maestros, por eso pediremos un informe al Ministerio de Educación.
También tenemos conocimiento de que muchas veces las familias que fueron denunciantes volvieron denunciados por los maestros, por difamación. No podemos permitir más eso, por ello también hemos sugerido al ministerio que realice una base de datos de todos los profesores para saber sus antecedentes.
A veces sentimos que nuestros hijos están seguros en las escuelas, pero ese lugar parece el más inseguro. Queremos protección para los estudiantes.
Debido a que la justicia no avanza para nuestros hijos, hemos decidido hacer justicia comunitaria. Todos los papás aplicarán este castigo a los maestros que agredan a los estudiantes.
Es frustrante saber que cuando nos enteramos de los casos, éstos están durmiendo en los escritorios. Nosotros por lo menos no sabemos que se haya sancionado a 15 maestros, por eso pediremos un informe al Ministerio de Educación.
También tenemos conocimiento de que muchas veces las familias que fueron denunciantes volvieron denunciados por los maestros, por difamación. No podemos permitir más eso, por ello también hemos sugerido al ministerio que realice una base de datos de todos los profesores para saber sus antecedentes.
A veces sentimos que nuestros hijos están seguros en las escuelas, pero ese lugar parece el más inseguro. Queremos protección para los estudiantes.
Debido a que la justicia no avanza para nuestros hijos, hemos decidido hacer justicia comunitaria. Todos los papás aplicarán este castigo a los maestros que agredan a los estudiantes.
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