En los 13 meses de vigencia de los decretos 1302 y 1320, de Erradicación de Violencia en las Escuelas, 67 maestros fueron imputados por el Ministerio de Educación y suspendidos del magisterio. La recurrencia de casos se da más en área rural que urbana.
“Como Ministerio de Educación iniciamos procesos penales contra 67 maestros en los nueve departamentos, entre el año pasado (desde agosto) y éste. Tras la imputación formal a través de la Fiscalía fueron retirados de las planillas del magisterio”, informó ayer el titular del área, Roberto Aguilar.
Los decretos supremos 1302 y 1320 fueron promulgados en agosto de 2012 y establecen la suspensión sin goce de haberes de maestros, directores o administrativos imputados formalmente por agresión y violencia sexual en contra de los estudiantes.
En los 13 meses de vigencia de estas normativas, el Ministerio del área ya imputó a 67 docentes en todo el país. Aguilar indicó que la “medida drástica” fue implementada ante lo repetitivo de este problema en el ámbito educativo.
“Conocemos casos en los que la familia nos dice ‘no se meta, estoy tranzando’, pero ya no nos interesa lo que pueda decir un papá que está tranzando con un enfermo, por lo que continuamos la acción al ser un delito de orden público”, manifestó el ministro.
Según los datos de esta cartera de Estado, la recurrencia de casos proviene más del área rural que de la urbana. Por ejemplo, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz registró 18 casos en los 13 meses; 16 pertenecen a unidades educativas de provincias y el resto a las ciudades de La Paz y El Alto, precisó el director de esta instancia, Basilio Pérez.
Las últimas dos denuncias en el departamento corresponden al área rural. En el municipio de Tacacoma (provincia Larecaja), una estudiante de nueve años fue vejada hace diez días por su maestro, la familia y la unidad educativa del lugar reportaron el hecho.
Denuncias. El otro caso se suscitó en Chulumani (Sud Yungas), donde un educador embarazó a una alumna de 17 años, tras sostener relaciones sexuales desde el año pasado. Los padres interpusieron la demanda con el acompañamiento de la DDE.
“El docente de la unidad educativa de Tacacoma está con medidas cautelares en la cárcel de San Pedro y el de Chulumani está prófugo, al igual que otro maestro de Puerto Acosta. Pero todos están suspendidos de las planillas”, indicó Pérez. Agregó que los 18 ítems fueron puestos en acefalía y posteriormente cubiertos con otros educadores, la mayoría mujeres, a petición del colegio y los padres.
Aguilar recordó que antes de los decretos, la suspensión de un maestro acusado se definía después de un proceso administrativo. “Pero si esta persona metía plata al Tribunal Disciplinario o amenazaba a la familia quedaba impune para seguir con sus delitos. Ahora es diferente”. Señaló que si bien no es la solución de fondo, sí son medidas preventivas, apoyadas por nueve abogados, llamados defensores escolares.
Lanzan campaña nacional
La campaña nacional “Borremos la violencia de las escuelas” fue lanzada ayer por el Ministerio de Educación y Visión Mundial. Según un diagnóstico en colegios fiscales y privados del país, el 88% de los estudiantes, maestros, padres y administrativos percibe violencia psicológica, física y sexual. Ante esta situación, se elaboró un plan nacional para reducir la violencia escolar, presentado oficialmente ayer en el hotel Radisson.
“Nosotros estamos comprometidos con esta causa e invitamos a la población a que se sume y lograr espacios protegidos de violencia”, dijo el director nacional de Visión Mundial, Alberto Mosqueira.
Por su parte, el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, resaltó que el respeto y valores son enseñados en la materia de religiones, Valores y Espiritualidades. La campaña iniciará con jornadas de sensibilización en los colegios. Alejandra Rojas y Sergio Dueri, miembros del equipo que visitará las escuelas, detallaron que ya fueron capacitados y utilizarán varias metodologías.
Publicado por La Razón
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