Con la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, vigente hace más de un año, no hay ningún caso resuelto, mientras las denuncias se incrementaron considerablemente. En el país hay 786 mujeres que ejercen cargos políticos y una encuesta realizada a 296 concejalas revela que 59 por ciento sufrió algún tipo de violencia y acoso político en sus municipios.
En el trabajo realizado por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol), con concejalas de los nueve departamentos del país, se señala que, hace pocos meses, en los municipios de Tolima y Villa Serrano, de La Paz y Chuquisaca respectivamente, comunarios y miembros de algunos partidos políticos realizaron cabildos para obligar a las concejalas, bajo amenazas, a dejar sus cargos exigiendo que se cumpla la gestión compartida, ante la negativa les exigieron entregar la suma de 8 mil bolivianos.
“En uno de los casos, la concejala se reusó a cancelar dicho costo, pero la presión y la violencia psicológica fue mayor, lograron que pague la suma establecida de 4 mil bolivianos, así le dejaron en paz, por lo menos hasta que termine la gestión”, relató la directora ejecutiva de Acobol, Yessi López.
Casos similares fueron registrados en los municipios de Achachi, de La Paz, y Cliza, de Cochabamba, donde también por medio de violencia psicológica y física los comunarios hicieron dimitir de sus cargos a dos concejalas suplentes del Movimiento Sin Miedo (MSM) y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según el informe de Acobol, las concejalas titulares, sobre todo en áreas rurales, sufren violencia y acoso político constante pues “se les exige renunciar para dar paso al suplente, existe mucho temor ya que las mujeres tienen miedo a dar su nombre y denunciar el acoso por temor a represalias”, dijo López.
Según la encuesta de Acobol, los mayores problemas que tienen las mujeres al ejercer sus funciones son la poca opción a participar, a hacer uso de la palabra y el acceso a la información que, en la mayoría de las veces, les es negado.
“No les dejan participar en comisiones, no les dejan hablar, existen también casos donde les obligan a firmar documentos bajo presión, en algunos casos los funcionarios y alcaldes no les entregan los informes que piden y mellan su dignidad”, detalló López.
La encuesta devela también que el 70 por ciento de las autoridades femeninas no denuncian los casos, sólo un 22 por ciento lo hace aunque sin muchos resultados pues no existen políticas públicas ni instituciones que hagan garantizar el cumplimiento de la Ley 243 que, según su Artículo 10, es tarea del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
En la mayoría de los casos, las mujeres acuden más a instituciones no gubernamentales para hacer la denuncia, el 39 por ciento recurrió a Acobol, 10 por ciento a la Fiscalía y 13 por ciento presentó denuncia ante la Policía Nacional.
Por otro lado, la directora de la Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba, Julieta Montaño, manifestó que hay confusión al definir el acoso político y también intolerancia ante una opinión que no es la propia.
Dijo que no existe una instancia estatal, ni autoridad que siente precedente castigado a quienes ejercen este tipo de violencia.
“Hasta ahora no existe ningún sólo caso resuelto, es algo increíble”, destacó.
Dos casos emblemáticos
Los casos de las concejalas Juana Quispe, del municipio paceño de Ancoraimes, y de Daguimar Rivera, de la población beniana de Guayaramerín son los más emblemáticos en lo referente a violencia política.
Quispe, a quien no permitían ejercer, fue asesinada y botada en un río en marzo de 2012 y Rivera sufrió el mismo destino tras denunciar corrupción en su municipio.
Al respecto, en mayo pasado, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, indicó a ANF que existen varias instituciones públicas, como ser ministerios, gobernaciones y alcaldías, que todavía no han adecuado sus reglamentos a las disposiciones establecidas en esta ley.
DEPENDIENDO SI ES ACOSO O VIOLENCIA
Ley con 25 artículos prevé cárcel de dos a ocho años
La Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres fue promulgada por el presidente, Evo Morales, el pasado 28 de mayo 2012.
La norma prevé sanciones de privación de libertad de 2 a 5 años, si se trata de castigar el acoso, y de 3 a 8 años de cárcel cuando se trata de castigar la violencia política.
La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres consta de 25 artículos que establecen mecanismos de prevención, atención y sanción, contra actos individuales y colectivos de acoso y violencia política para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos femeninos.
En su artículo séptimo, la Ley 243 indica que, por acoso político, se entiende al acto o al conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirlas u obligarlas a que realicen, en contra de su voluntad, una acción o incurran en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Según el Artículo 3 de la norma, los fines que persigue son eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia política que afecten directa o indirectamente a las mujeres en el ejercicio de funciones político – públicas y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos.
Los municipios con más casos de violencia y acoso político están en el altiplano y valles, mientras que el oriente las denuncias no son tan frecuentes, aunque esto no significa que no existan.
Publicado por Los Tiempos.
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