Una encuesta realizada por la Asociación de
Concejalas de Bolivia (ACOBOL) a 279 mujeres alcaldesas o autoridades
municipales de los nueve departamentos del país, un 36 por ciento del
total existente, refleja que el 48 por ciento de las consultadas
sostiene que alguna vez, durante su gestión, fue víctima de algún tipo
de acción catalogable como violencia o acoso político.
Estos datos, según la Directora Ejecutiva de esa organización, María
Eugenia Rojas, reflejan el alto grado de agresión que sufren las mujeres
que ocupan cargos públicos en Bolivia. Sin embargo, también serian fiel
muestra de la poca cantidad de autoridades que denuncian los hechos,
porcentaje que solo llega al 33 por ciento.
“Las encuestas realizadas a mujeres que concluyeron su gestión
municipal ante situaciones de acoso y violencia política señalan que un
48 por ciento responde que si, alguna vez ha sido víctima de acoso y
violencia, el 39 por ciento responde que no y el 12 por ciento se
abstiene. Sobre mujeres que inician su gestión municipal ante
situaciones de acoso y violencia política, 27 por ciento de las
encuestadas señalan no tener ningún nivel de instrucción y esto llega a
un 60 por ciento”, manifestó Rojas.
Otras cifras que arrojo el muestreo, señalan que el 17 por ciento de
las encuestadas afirma no tener ningún grado de instrucción, el 32 por
ciento respondió haber cursado la primaria, y el resto, cerca de 61 por
ciento, realizó estudios al nivel secundario o superior.
Asimismo, Rojas explicó el perfil que presentan las mujeres víctimas
de violencia o acoso político, aseverando que el 18 por ciento se
encontraba en el rango de edad entre los 51 y 60 años, un 16 por ciento
entre 36 y 40 años, mientras que el 15 por ciento no responde.
“Porcentaje de mujeres salientes el 2010 que fueron alguna víctimas
de violencia o acoso político, según el idioma que habla. Ahí podemos
identificar castellano y aymara el 38 por ciento, el castellano y
quechua es el 27 por ciento y solo castellano es el 29 por ciento.
Porcentaje de mujeres autoridades que fueron alguna vez víctimas de
violencia y acoso político según su tiempo de gestión, entre un mes y un
año el 24 por ciento, de un año hasta tres años, un 13 por ciento”,
aseveró.
Respecto al grado de instrucción de las víctimas, las cifras
demuestran que el 33 por ciento de las mujeres autoridades que fueron
acosadas se formaron hasta el nivel secundario. Con relación al idioma
que hablaban, se concluyó que el 38 y 26 por ciento fueron ciudadanas
indígenas que hablan aimara o quechua, además de castellano.
Sin ninguna sanción
Del total de casos denunciados, recabados y representados por ACOBOL,
el 40 por ciento fueron derivados a instancias públicas de gobierno,
pero quedaron impunes; un 32 por ciento no tuvieron ningún tipo de
respuesta y el ocho por ciento de las instituciones se excusaron
indicando no tener competencia en la situación.
Denuncias por gestión
Cuadros estadísticos de denuncias registradas entre las gestiones
2000 y 2009 reflejan que el año donde más víctimas de violencia o acoso
político existieron fue el 2002, con 62. En contraparte, 2004, solo con
seis denuncias, fue el periodo en el que menos casos se conocieron.
Mientras que otro análisis refleja que el 36 por ciento del total de
casos conocidos está relacionado con presiones (acoso), el 20 por ciento
con hechos de violencia – física, verbal y psicológica – y un 19 por
ciento con acciones que impidieron el desarrollo de sus funciones.
Asimismo, los reportes indican que en los últimos diez años se
recabaron 300 denuncias de mujeres autoridades que fueron agredidas.
Solo en la pasada gestión 2011 los hechos sumaron 160.
Artículos cuestionados
Un boletín de ACOBOL indica que el artículo 270, referido a las
sanciones es, en su integridad, el observado. Este hace referencia a las
sanciones para “quienes realicen actos de presión, persecución,
hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer y/o de sus familiares,
durante o después del proceso electoral, electa, designada o en el
ejercicio de la función política - pública, que impida el ejercicio de
su derecho político, será sancionado con pena privativa de libertad de
dos (2) a cinco (5) años”.
En el segundo caso, sostiene que “quien o quienes realicen actos y/o
agresiones físicas, psicológicas y sexuales en contra de mujeres
candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político –
pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e
impedir el ejercicio de la función política - publica, será sancionado
con pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años”.
Publicado por Gaia Noticias
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